Alentados por la presión internacional, obligados por la necesidad de acortar la brecha digital, o llevados por sus propias promesas electorales, muchos gobiernos están haciendo esfuerzos reales para implementar formas de gobierno electrónico. Contribuyen de esa manera a la deseable modernización del Estado, sin necesariamente promover la causa de su democratización.
San Francisco, California, 18.jun.04
América Latina Puntogob, un libro de muy reciente publicación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Chile (FLACSO, www.flacso.cl) ofrece una excepcional «fotografía de los procesos de modernización de la gestión pública en América Latina, así como una reflexión respecto a las transformaciones que el ejercicio de la política está experimentando a partir de la incorporación de Internet,» escribe en su blog Rodrigo Araya Dujisin, coordinador de este trabajo colectivo.
Para analizar el gobierno electrónico (sugiero llamarlo gobierno-el, gob-el para quienes tienen prisa, más que e-government, o su traducción literal y carecente de sentido: egobierno), Rodrigo Araya retoma la metáfora de la pantalla. Distingue lo que pasa a nivel de los usuarios (frente a ella) de los procesos (atrás) y de la interfase, «la dimensión web del gobierno electrónico» a la cual el público puede acceder.
En cuanto a esta última, Araya invita a cuidar el diseño y la usabilidad de los sitios gubernamentales que siguen casi siempre una evolución clásica: empiezan brindando información, luego permiten cierta interactividad hasta que ofrecen servicios y, luego, transacciones. Más importante, tal vez, es lo que pasa atrás, el hecho que «si un ministerio ha tomado la decisión de ofrecer un servicio público por medios digitales, debe antes que nada revisar sus procesos internos, puesto que cambian algunas funciones.»
En América Latina, sin embargo, la cuestión de quienes están frente a la pantalla es de cardenal importancia en la medida en la cual apenas el 5% tiene acceso a la red (12% a nivel mundial según Internet World Stats).
Ninguna pretensión al gob-el tiene mucho sentido si no va acompañada de política de «masificación del acceso» para «corregir las desigualdades existentes». Para ello, nota Araya, varios gobiernos estimulan las soluciones comunitarias, en particular los telecentros proveedores de equipo, conectividad y facilitadores de la tan necesaria infoalfabetización.
Es el caso, por ejemplo de El Salvador donde, Rafael Ibarra, directivo fundador de la Asociación Infocentros, los telecentros locales, nos explicó cuan importante había sido «cristalizar y aprovechar la formación de capital social» pre existente (redes sociales, organizaciones, clubes). Los 41 Infocentros han jugado su papel en el hecho que el 9% de la población tiene acceso a la internet. Los servicios prestados les han permitido desarrollar nuevas relaciones, nuevas redes, nuevo capital social. Lo cual, según Ibarra hizo que «algunas empresas, públicas y privadas, han considerado que existía la masa crítica para ofrecer sus servicios por Internet, así como estimular el uso de la red».
Claudio Orrego Larraín, otro autor de América Latina Puntogob, aborda el gobierno-el como el uso de «internet y las TICs para potenciar la modernización del Estado». Implica la voluntad de reducir la brecha digital y seguir competitivo, con la necesidad de responder a los reclamos de «transparencia y probidad» de ciudadanos y entidades internacionales proveedoras de ayuda y con la necesidad de ser más eficientes, de proveer auténticos servicios, más allá de la mera información.
«Los servicios en línea son preocupación central» del gobierno-el explica Katherine Reilly, autora de un capítulo en el cual compara varios países latinoamericanos (en particular Brasil, Chile, Costa Rica, México, y Venezuela). Nota, sin embargo que insistir sobre los «servicios» electrónicos, de manera muchas veces vaga puede llevar a considerar a quienes forman la población como «usuarios» o «clientes del Estado», más que como «ciudadanos». Una tendencia preocupante que lleva a preguntar ¿de que vale una modernización del Estado sin democratización, sin modificación de sus relaciones con la sociedad civil?
Continuará…
